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La cuesta de enero refleja problemas estructurales en la economía de los hogares mexicanos. El consumo a finales de 2025 creció de forma moderada, impulsado por ingresos extraordinarios y mayor uso del crédito, en un contexto de bajo crecimiento económico, inflación persistente y precariedad laboral. Esto limita la capacidad de las familias para enfrentar el inicio de 2026, haciendo de la cuesta de enero un fenómeno más profundo y prolongado.

México ha ganado relevancia como destino para centros de datos impulsados por la inteligencia artificial; no obstante, nuevos proyectos enfrentan obstáculos como la incertidumbre regulatoria y jurídica, así como limitaciones en el acceso al agua, la energía y una red eléctrica rezagada. Para integrarse plenamente a la economía de la IA, el país deberá fortalecer su marco institucional y su infraestructura estratégica.

La Generación Z, que representa cerca del 25% de la población mundial y mexicana, se consolida como motor económico al redefinir el trabajo y el consumo con su demanda de flexibilidad, bienestar y fuerte inclinación digital, obligando a empresas y gobiernos a modernizarse para competir.

El Buen Fin 2025 se perfila en un entorno de contrastes: aunque se espera una derrama superior a 200 mil millones de pesos, impulsada por promociones y expectativas de consumo, factores como la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y la informalidad limitan el gasto real. Aun así, el componente emocional del consumo y el uso del crédito podrían sostener un desempeño mejor al previsto, aunque con riesgo de sobreendeudamiento.

Si la economía mexicana pudiera escribir a los Reyes Magos, pediría condiciones para salir del estancamiento: una renegociación exitosa del T-MEC, mayor inversión, certidumbre jurídica, ejecución efectiva del Plan México y políticas coherentes que impulsen un crecimiento incluyente y sostenible.

La economía mexicana entra a 2026 tras un año de estancamiento, baja inversión e incertidumbre global e interna. Aunque la inflación está controlada y las exportaciones dieron un impulso temporal, el crecimiento sigue siendo limitado y la recuperación prevista para 2026 será modesta. Con tensiones comerciales, un marco institucional frágil y restricciones fiscales, el reto principal será transformar las fortalezas del país en un crecimiento sostenido con mayor inversión y productividad.

México cuenta con una plataforma exportadora sólida, pero su débil mercado interno limita la integración nacional y el desarrollo. Para corregirlo, se requiere fortalecer encadenamientos productivos, modernizar infraestructura, impulsar a las PYMES y generar un entorno institucional estable que dé certidumbre.

Durante los primeros nueve meses de 2025, el INPP acumuló una inflación de 0.95%, muy por debajo del 5.25% del mismo periodo en 2024. Sin embargo, el alza en materias primas, costos logísticos, inseguridad e incertidumbre internacional mantiene presiones inflacionarias. La combinación de bajo crecimiento, aumentos salariales y riesgos cambiarios podría afectar la estabilidad de precios, demandando una coordinación gubernamental que fortalezca la producción interna y estimule la inversión.

En 2025, la economía mexicana registró un crecimiento prácticamente nulo, evitando la recesión por un margen estrecho pese a la estabilidad de la inflación, el tipo de cambio y el empleo. La debilidad de la industria y la inversión contrastó con el soporte del sector primario y las exportaciones, evidenciando la necesidad de fortalecer los motores internos de crecimiento hacia 2026.

En los últimos siete años, la legislación laboral ha cambiado de forma relevante con la prohibición de la subcontratación, más días de vacaciones y aumentos continuos al salario mínimo, que alcanzará 315.04 pesos en 2026. Aunque esta medida busca mejorar el ingreso de los trabajadores, las MiPyMEs —que constituyen el 99.8% de las empresas— enfrentan presiones financieras que pueden generar recortes, informalidad o cierres. Sin políticas complementarias, el alza salarial podría beneficiar a pocos y afectar a la economía en su conjunto.

La deuda pública se está destinando crecientemente a gasto asistencial en lugar de inversión productiva, lo que presiona la sostenibilidad fiscal. El costo financiero crece más rápido que el PIB y la inversión pública cae, aumentando los riesgos para la capacidad de pago del Estado.

La LIF 2026 eleva ingresos vía mayor fiscalización, ajustes en impuestos y más deuda para financiar gasto social y proyectos, pero en un entorno de bajo crecimiento e inflación, lo que podría aumentar la carga sobre contribuyentes y hogares sin mejoras estructurales en eficiencia del gasto ni productividad.