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Redes sociales
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¡Pobre, deja que te cuente…bien!

 
  • El combate a la pobreza y la desigualdad implica objetividad, focalización y eficiencia.
  • Evaluar la efectividad de la política social requiere de estadísticas confiables.
  • Siendo el INEGI el organismo encargado de generar las estadísticas, su credibilidad debe ser a “prueba de periodicazos”.

Año 2016 - Julio, 25 - No. 769
 
 

Dimensionar la pobreza y la desigualdad implica recurrir a métodos estadísticos de medición, que dada la trascendencia del fenómeno a nivel mundial han sido diseñados y protocolizados por instituciones especializadas y avalados por organismos multilaterales, en particular la ONU. Entre los métodos más utilizados destacan las encuestas de Ingreso-Gasto de los hogares la cual obtiene, por un lado, información sobre los ingresos percibidos por los componentes de un hogar, en sus diferentes fuentes y por otro el destino que en forma de gasto le dan a esos recursos. En México, el organismo encargado de aplicar estas encuestas desde 1984 es el INEGI, institución que recientemente adquirió su autonomía de gestión con el objetivo de no ser sujeto de presiones de ninguna índole en la ejecución de su mandato.

En días pasados se generó una polémica respecto de los resultados del Módulo de Condiciones Socioeconómicas MCS 2015, una encuesta previa a la ENIGH que se aplica desde 2008 que permite conocer, en principio, a detalle el nivel de ingreso de los hogares y las condiciones y el acceso que se tiene a satisfactores como salud, nutrición, educación vivienda, entre otros. Esta información es tomada por el CONEVAL para estimar el número de pobres a nivel nacional y los niveles de pobreza en las diferentes dimensiones que ha establecido. La polémica surgió de la decisión del INEGI de introducir procedimientos más estrictos para obtener una mayor y mejor respuesta, sobre todo para el caso del ingreso, esta decisión sin duda es importante y aplaudible desde el punto de vista de buscar perfeccionar la estadística y acercarse lo más posible a la realidad, así como acortar las brechas entre el valor del ingreso que se obtiene vía las cuentas nacionales y vía la encuesta. Sin embargo, el ejercicio arrojó valores que, en comparación directa con anteriores encuestas, resultaron superiores rompiendo de alguna manera la tendencia que se venía registrando, es decir, el comportamiento histórico que, no se puede negar, pudo haber sido producto de la deficiencia en las respuestas durante la recolección de información, y que hacen no comparables los nuevos resultados con los anteriores.

Cabe señalar que las modificaciones, a decir del INEGI, se realizaron en el proceso de recolección de la información, lo que en principio no significa una nueva metodología, ya que no se modificaron ni el tamaño de la muestra, ni los reactivos del cuestionario (mismo que se dio a conocer al CONEVAL), ni los ponderadores u otras dimensiones del cálculo. El error ha sido no dar a conocer en su momento y hasta ahora con mayor precisión la introducción de estos procedimientos lo que ha generado la polémica; es importante que se haga y se evalúen y en su caso se avalen estos procedimientos. Tratar de perfeccionar la efectividad de un ejercicio estadístico buscando obtener mejores respuestas, no es para nada criticable ni mucho menos descalificable. Sin duda los usuarios de esta encuesta de haber conocido los cambios con anterioridad los habría avalado. Después de todo, si se trata de tener mejores resultados y acercarse lo más posible a la realidad, es mejor empezar a contar de nuevo que perpetuar una deficiencia.

El INEGI es la institución encargada de mantenernos a los mexicanos y a los interesados informados plenamente, su credibilidad por tanto no debe ser cuestionada ni por comentarios de periódico ni mucho menos por verdaderos especialistas. En este caso aplica la vieja conocida sentencia: La mujer del Cesar no sólo debe ser casta, sino que debe parecerlo.

Ahora bien, aun cuando suene a verdad de Perogrullo, la validez de la sentencia es indiscutible: “Cualquier política pública debe ser evaluada en su gestión e impactos, para que sea realmente efectiva”. La mejor forma de llevar a cabo tal evaluación, es establecer una serie de indicadores que permitan caracterizar el fenómeno, dimensionar y medir la situación actual y dar seguimiento a las transformaciones experimentadas como resultado de las intervenciones ejecutadas al amparo de la política.

En particular, la política social, entendida como el conjunto de programas y acciones encaminadas a reducir la desigualdad y la pobreza en todas sus dimensiones, con el objetivo de incrementar el desarrollo humano y social, requiere en su diseño, su  instrumentación y su evaluación, de indicadores cuya precisión y congruencia temporal permitan la mayor objetividad posible. La pobreza como concepto multidimensional refiere a la carencia de medios o incapacidad de un individuo o grupo para cubrir sus necesidades básicas; en tanto la desigualdad económica es la disparidad que imposibilita a determinado grupo a acceder a recursos (principalmente ingreso) en la misma completitud que otros. Si la desigualdad es causa o manifestación de la pobreza, es un tema de discusión que no se contempla en este texto, pero baste con decir que ambas van de la mano.

El diseño de una política social efectiva, implica tres características: su objetividad, su focalización y su eficiencia. La primera alude a la dimensionalidad y caracterización de las condiciones de pobreza y desigualdad, fenómenos que son el objeto de la intervención de la política; la segunda a la plena identificación de la población en condiciones de pobreza, lo que permite que la intervención sea dirigida a quien realmente la necesita; la tercera concentra a las otras y refiere al uso de los recursos que, ante el tamaño del fenómeno, son escasos y deben ser correctamente aplicados para que sean efectivos. Cabe aquí señalar que los vicios que se perciben en la aplicación de la política social en México, que se hacen más evidentes si consideramos que la economía está creciendo (si bien no a su potencial) y la cantidad de recursos que se han destinado a esta labor, y se comparan con los magros resultados que se han obtenido, ya que no ha disminuido ni la pobreza ni la desigualdad, descansan en gran parte en que no se han concatenado las tres características descritas. Lamentablemente, las razones son meramente políticas; por ejemplo, la focalización se pierde cuando se recurre a subsidios generalizados, los cuales sólo consumen los recursos diluyendo los efectos reales en la reducción de la pobreza; pero más sensible es la falta de objetividad cuando se utilizan los programas, las transferencias y las intervenciones no para combatir la pobreza, si no para crear y mantener clientelas que representan votos. Es un error politizar la pobreza, porque se convierte en mercancía política.

Retomando el tema de la medición, si debemos decir que cuando se trata de declarar los ingresos, generalmente todo mundo miente. El ingreso disponible que se mide en las encuestas de hogares tiene dos dimensiones principales: los ingresos por la participación de los miembros del hogar en actividades productivas o en el mercado (sueldos y salarios, ingresos por auto empleo incluyendo los de la actividad empresarial y el trabajo informal), y los provenientes de transferencias que implican intervenciones del Estado y de privados por fuera del mercado (desde subsidios y pensiones, hasta intereses y donaciones).  El detalle en la descripción de los ingresos en general, permite identificar las condiciones de pobreza, pero la minuciosidad en la identificación de las transferencias producto de la política social, permite aislar los efectos de la incidencia de la pobreza. Ante ello, es necesario que se obtenga la mayor veracidad en las respuestas.

Las Instituciones son las responsables de representar a nuestro País y a nosotros como mexicanos y su credibilidad por tanto no debe ser cuestionada sino que debemos aportar en los buenos resultados. No cometamos el error de politizar la pobreza.

 


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