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¿Y después de las elecciones…qué?

 
  • ¿Perdió el mal gobierno o ganaron las propuestas?
  • No judicialicemos el proceso electoral.
  • En el caso de la Ciudad de México, con tan sólo el 27 % de participación, ganó la indiferencia y la ignorancia.

Año 2016 - Junio, 06 - No. 762
 
 

El proceso electoral en el que se eligieron gobernadores en 12 entidades del país, diputados y ayuntamiento en 13 de ellas y Constituyente en Ciudad de México, ha terminado. Como se esperaba, vimos una alta indiferencia en el caso de la Ciudad de México, con sólo un 27 % de votantes, del total registrado; un proceso cerrado en la mayor parte de las entidades del País, que nos genera la disyuntiva si perdieron los malos gobiernos o ganaron las propuestas; un “sorprendente” repunte del PAN manteniéndose como segunda fuerza y un Morena ostentando la delantera en el Constituyente.

No cabe duda sobre la trascendencia de lo que estuvo en juego durante los comicios del domingo, sobre todo porque las entidades en las que hubo elecciones representan 43 % de la población del país y 45 % del padrón electoral, 45 % del PIB nacional y 43 % de las transferencias federales (participaciones y aportaciones) a estados y municipios.

Por otro lado, en muchos de estos estados se viven importantes problemas económicos y/o sociales y los ganadores de las elecciones deberán asumir compromisos para atender la problemática que aqueja sus entidades y por la cual los ciudadanos los eligieron como la alternativa más viable para resolverlos. Por mencionar algunos ejemplos: Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz se encuentran entre los más endeudados del país; Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Zacatecas son cinco de las entidades con los mayores porcentajes de pobreza; Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz están entre las entidades con mayor empleo informal y Chihuahua, Quintana Roo, Tlaxcala y Oaxaca se encuentran dentro de los estados con más corrupción en el país.

En efecto, resolver los problemas de cada entidad requiere soluciones de fondo y en la mayoría de estas tendrán que hacerse ajustes en la planificación de inversiones y composición del gasto, lo cual tendrá un impacto distributivo sobre las participaciones y aportaciones del Gobierno Federal, que en promedio representan el 85 % de los ingresos totales de los estados. También se abre la posibilidad del cabildeo político ante las autoridades federales, pues en muchos casos los estados intentan llevar “agua a su molino” por la vía de la negociación política, sustentada en la decisión del ejecutivo de otorgar más fondos por la vía discrecional.

Las elecciones de este domingo representaron un reacomodo y un importante ensayo de cara a los comicios presidenciales de 2018 y sus resultados direccionarán las fuerzas políticas del país. El PRI, perdió parte de su hegemonía sobre algunas entidades importantes como Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo. Dentro de la izquierda, Morena será quien ocupe más lugares dentro de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pero a la vez ratifica que es una fuerza poderosa sólo al centro del país. Por su parte, el PAN parece haberse recuperado de su descalabro en las elecciones pasadas y esta vez renace ganando en 7 estados, hasta lo que va del PREP, arrebatándole al PRI varias plazas fuertes. Lo anterior principalmente en aquellos estados donde temas como la corrupción, seguridad y el endeudamiento parecen haber sido la línea de campaña. Cabe resaltar, además, que en los casos de una alianza PAN-PRD, considerando que son dos estilos diferentes para gobernar por su fundamentos, uno de izquierda y otro de derecha, los candidatos ganadores deberán mostrar alineamiento en el momento de seguir el rumbo no solo político, sino también económico de los estados que gobernarán.

Si bien en estos momentos aún hay algunos estados en los que aún está por definirse formalmente al partido ganador y otros en los que se lleva a cabo un proceso de impugnación, habrá que evitar judicializar los resultados de las elecciones, es decir que esto se resuelva en los tribunales. Sería un daño a la credibilidad democrática de nuestro país y a sus instituciones encargadas de llevar a cabo el proceso electoral, lo cual sería muy peligroso en medio del momento crítico por el que atraviesa la economía global, en el cual los brotes de incertidumbre podrían originar expectativas negativas sobre los inversionistas.

Ahora que hemos elegido a nuestros nuevos gobernantes y representantes, los ciudadanos tenemos el derecho de exigir soluciones reales a las vicisitudes que hoy se viven en muchas regiones del país y es muy importante que se dedique el tiempo suficiente por atender los grandes problemas económicos y sociales del País.

Los siguientes años serán difíciles porque la dinámica económica mundial aún continua siendo recesiva y los mercados financieros volátiles. Internamente atravesamos por medio de una fase de ajustes presupuestales (el último de ellos fue el recorte presupuestal por 132 mil mdp) que exigen la unión de todas las facciones políticas y el compromiso de las nuevas administraciones para que hacer más eficiente el gasto en los temas que son prioridad nacional.

 

 


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