Redes sociales
Redes sociales
 

Tamaño de texto:    
   
 

Impuestos locales. ¿Una solución?

 
  • Los estados están atravesando problemas para pagar a sus proveedores.
  • El presupuesto 2016 no contiene un incremento suficiente, y no se esperan excedentes.
  • La posibilidad de crear impuestos locales está latente, sobre todo los equivalentes al IEPS.
  • Es necesario evaluar los pros y los contras.

Año 2015 - Septiembre, 28 - No. 728
 
 

En días recientes, el sector industrial del país dio a conocer que se estaba preparando para emprender acciones legales contra estados y municipios en demanda de pagos incumplidos. Hasta el momento se ha buscado que las entidades cubran los faltantes; sin embargo, han advertido que procederán judicialmente si no se cubren los compromisos contratados. Se calcula que los gobiernos locales adeudan 120 mil millones de pesos a cerca de 40 mil proveedores de bienes y servicios, situación que se ha prolongado por más de 20 meses. Lo anterior, a pesar de que los contratos por los servicios y materiales requeridos se hicieron con presupuestos ya aprobados, es decir, en principio con los recursos para poder realizar compras o hacer arrendamientos.

Es importante destacar que entre los proveedores de los gobiernos estatales, municipales e incluso el federal, se encuentra una buena proporción de empresas pequeñas y medianas, las cuales no cuentan con la capacidad para esperar meses a recibir el pago por sus servicios, por lo que sufren problemas de liquidez, incluso para pagar a sus proveedores y su nómina. Ante esa situación, que se exacerba en los negocios cuyo principal cliente es el gobierno, es que se entiende la preocupación y la decisión de llegar incluso a proceder por la vía judicial.

Por el lado de las finanzas públicas de los estados y municipios, si bien éstas son en muchos casos insuficientes para cubrir todos los compromisos y necesidades de cada gobierno, lo que les ha llevado a endeudarse, también es cierto que se han visto mermadas por el despilfarro y los desvíos, y un acumulado de deudas desorbitantes sin un aparente propósito o destino claro. Al respecto, la Auditoria Superior de la Federación, señaló en su revisión de la cuenta pública de 2013 que el 67 % de las irregularidades documentadas se concentraron en las entidades y municipios; muchas de estas irregularidades se deben a faltas de comprobación y subejercicios de recursos etiquetados.

Y es precisamente importante tomar en cuenta el tema de los recursos etiquetados, los cuales provienen de los fondos federales. Recordemos que la principal fuente de los ingresos de los gobiernos locales son los provenientes de la Federación, en forma de participaciones, aportaciones, subsidios y convenios, y los menos de ingresos propios vía impuestos locales. En la propuesta de presupuesto para 2016, las aportaciones a los estados (Ramos 33 y 25, principalmente) crecerán apenas 3.6 %; las participaciones (Ramo 28) un 11.9 %; mientras que las provisiones salariales (Ramo 23) decrecerán 60.9 % y los convenios lo harán en 12.3 %. Esta situación puede llevar a los estados a buscar mayores recursos por otras vías, como pueden ser el endeudamiento y los impuestos locales. La opción de más endeudamiento puede no ser viable para varias entidades que ya registran niveles altos, amén de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que se ha propuesto para dar mayor control al endeudamiento.

La otra opción son los impuestos locales. Recordemos que con los convenios de coordinación fiscal, las entidades trasladaron la facultad de cobrar los impuestos a la Federación, principalmente los relativos al ingreso (ISR), al consumo (IVA) y al comercio exterior. Los estados han conservado algunas potestades como los impuestos a la nómina, al hospedaje, a las actividades mercantiles, a la adquisición de vehículos entre los más importantes. Si bien estos ingresos representan una parte pequeña con relación a los recursos federales, son los tributos a los que más recurren en caso de necesitar incrementar los ingresos.

Sin embargo, la coordinación fiscal permite también que los Estados, mediante diferentes convenios de colaboración u otros ordenamientos jurídicos de orden estatal, el cobro de impuestos adicionales. El Artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal permite a los estados establecer impuestos locales a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS), siempre que se cumpla con algunos requisitos, destacando que no sean reservados a la Federación como es el caso de las gasolinas y la cerveza, y una tasa única aplicable del 4.5 % sobre el precio de enajenación del bien de que se trate.

Ahora bien, la LIEPS carga impuestos a bebidas con contenido alcohólico y cerveza; Tabacos labrados; Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables; Gasolina, diesel, combustibles fósiles, plaguicidas. Bebidas energizantes (25 %), Bebidas saborizadas, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos ($ 1 por litro), Alimentos no básicos, con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos (8 %). Actualmente, 5 entidades cobran un impuesto a la venta final bebidas con contenido alcohólico, y de acuerdo con la Ley, se pueden cargar impuestos locales a bebidas energizantes, azucaradas y alimentos con alto contenido calórico.

Este tema es importante porque la Secretaría de Hacienda señaló que en el primer cuatrimestre de 2015 se recaudaron aproximadamente 8 mil millones de pesos por concepto de IEPS a refrescos, cuando el presupuesto anual es de 13 mil millones. En el caso de los alimentos calóricos, los ingresos esperados para este año rondan los 12 mil millones. Haciendo un cálculo somero, si los 12 mil millones representan el 8 % de un volumen de ventas de 150,000 millones, un impuesto local de 4.5 % como dice la Ley de Coordinación Fiscal, representaría una recaudación para los estados de 6,750 millones de pesos, tan sólo de ese impuesto. Es sin duda una fuente nada despreciable para algunas entidades.

Sin embargo, recordemos que el IEPS a estos productos está originado en la intención de reducir su consumo por considerarlos dañinos a la salud, por lo que la exposición de motivos de los mismos se aduce que se destinarán parte de los recursos a políticas y acciones de salud pública, lo que limita el destino de los mismos. De igual forma, se ha documentado que una mayor carga puede llevar a dos efectos importantes: afectaciones a las empresas que legítimamente se dedican a producir estos productos y que son consumidos por los habitantes en el ejercicio de sus libertades; y un incremento al contrabando y la producción informal sin los estándares de salubridad y calidad necesarios, lo que a la larga termina por dañar a los consumidores que recurren a ellos por ser más baratos. Es necesario que se evalúen los pros y los contras de la aplicación de estos impuestos, antes de recurrir a ellos como fuentes de ingresos.

 


Se autoriza la reproducción total y/o parcial de su contenido siempre y cuando se cite la fuente:
Consultores Internacionales, S.C.® (CISC)
Las imágenes se utilizan únicamente de forma ilustrativa.

CISComentario D.R. es una publicación semanal de: Consultores Internacionales, S. C. ®
Lic. Julio A. Millán B., Presidente; Ing. Mauricio Millán C., Vicepresidente; Lic. Maribel Rodríguez, Directora Asociada.
Mtro. Sergio Garduño, Consultor Senior. Lic. Patricia Gordillo, Directora del Centro de Información.


José María Rico No. 55 Colonia del Valle México D.F. Tels. (55) 5524-7750 y (55) 5534-9182
info@cisc.com.mx | www.consultoresinternacionales.com