Se incrementa la deuda de los estados por baja recaudación.

• Urge un rediseño fiscal.
  
  
• La deuda de los estados ha aumentado significativamente, mientras que su capacidad para generar ingresos por sí mismos es limitada.

La deuda pública registrada en diversos Estados de la república se ha incrementado significativamente, hecho que ha generado cierta incertidumbre para la estabilidad económica a mediano plazo. Las obligaciones financieras tanto de Estados como de municipios se incrementaron en 25.9% del 2008 a Marzo de 2011 (no obstante que en los últimos meses ha disminuido su tendencia a crecer). Además, las obligaciones financieras de algunas entidades, como Nuevo León y Quintana Roo, incluso superan el monto de las participaciones federales que reciben.

El tema principal radica en la capacidad que se tiene para hacer frente a dicha deuda. Según el Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública (Indetec), al cierre del primer trimestre de 2011, el 86% de la deuda total de los estados está garantizada por participaciones, pero el 14% restante ($50 mmdp) corresponde a deuda de corto plazo.

Existe una alta dependencia fiscal en los recursos otorgados por el gobierno federal, los cuales representan cerca del 64% de los ingresos estatales totales. No tomar medidas compensatorias para fortalecer la capacidad de generar ingresos, podría ejercer presión a la baja sobre las calificaciones de los estados.

Recientemente, la calificadora Moody´s dijo que la contratación de deuda de corto plazo de los estados se ha incrementado al punto de que ya significa un riesgo para sus finanzas, debido principalmente a que no cuentan con suficiente flexibilidad presupuestal para enfrentar sus obligaciones adquiridas. El tema representa un problema estructural del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues no brinda los incentivos necesarios para reforzar su sistema recaudatorio.

Por un lado, la estructura impositiva de dichas entidades les da pocas atribuciones, pues sólo tienen ciertos impuestos permitidos. Por otro lado, la falta de mecanismos de transparencia, así como la holgura que se ha dado a dichos gobiernos para decidir sobre el manejo del presupuesto que reciben del gobierno federal, limitan aún más estos incentivos. Como consecuencia de lo anterior, gran parte de la deuda adquirida se ha dirigido hacia operaciones gubernamentales y no hacia inversión en obras públicas.

Aunado a lo anterior, el plan de eliminar la tenencia vehicular a partir de 2012 trae consigo un escenario complicado: la merma para las finanzas estatales sería de poco más de $25mmdp, de acuerdo con estimaciones del Indetec. El mismo instituto aclara que los recursos que se dejarían de recaudar a partir de 2012 por no implementar la tenencia local representarían el cancelar la construcción de 1,700 kilómetros de carreteras por año y 2,100 escuelas primarias, o el equivalente a suprimir 70% de los recursos destinados para los servicios de agua potable.

Estos factores hace aún más evidente la necesidad de una reforma fiscal efectiva y flexible a corto plazo. El planteamiento requiere de ir más allá de sólo aumentar la recaudación. Se deben tomar medidas para resolver problemas estructurales que impliquen mecanismos para mejorar la distribución de los recursos, al tiempo que se incremente la transparencia y rendición de cuentas, siendo uno de los temas prioritarios el Federalismo Fiscal.

Fuente: Consultores Internacionales S.C con datos de SHCP.