n materia laboral, uno de los problemas más significativos que tiene nuestro país es el alto riesgo derivado de la contratación de personal. Este riesgo se explica fundamentalmente por dos razones:  el costo del despido y los costos de la seguridad social. El primero lo afronta el empleador cuando el trabajador no resulta apto para el puesto, o bien, ante una crisis económica donde el empleador debe hacer recortes de personal. Para estos efectos, la ley laboral prevé la figura del despido injustificado que implica un pago por parte del empleador de 3 meses de salario más 20 días de salario por año trabajado. En relación con el costo de la seguridad social, el empleador llega a pagar hasta un 25% del salario del trabajador en cuotas. Ambos costos, uno contingente y el otro fijo, implican una enorme carga para las empresas, particularmente para las PYMES, quienes son mayoritariamente las que proveen de empleos formales a la economía.

       En EU, por ejemplo, el empleador no paga ninguna indemnización ante un evento de despido en los términos expuestos. Dicho pago lo realiza el Estado a través de la figura conocida como seguro de desempleo, que protege al trabajador durante determinado tiempo en lo que logra insertarse nuevamente en el mercado laboral. Eventualmente, esta dinámica tiende a mejorar la vinculación entre la oferta y la demanda de trabajo.

       Los contratos a prueba pueden ser un primer paso en el camino hacia la flexibilización laboral, porque estarían resolviendo el problema de selectividad que existe en la contratación. No obstante, en el largo plazo, la estructura de costos de contratación seguiría sesgada hacia el empleador. Un  siguiente paso, sería adoptar un esquema formal de seguro de desempleo a nivel federal, sustentado en aportaciones bipartitas (empleador y Estado), que diera mayores incentivos al empleador para contratar trabajadores y, protección al trabajador en caso de despido injustificado.