on una legislación laboral obsoleta y sin la flexibilidad necesaria para la época, difícilmente se puede pensar que alguna acción de gobierno tenga un efecto positivo sobre el empleo en México. Han pasado décadas desde que la ley laboral se redactó y la dinámica de la economía y la evolución de los mercados han transformado sustancialmente el escenario sobre el que operan las relaciones de trabajo. Es imprescindible liberar a nuestra economía de los grilletes que restringen a la actividad empresarial y su relación con la generación de nuevas plazas. El porcentaje de la población económicamente activa que tiene un empleo formal, subordinado y remunerado, apenas llega al 58%.  Las altas cifras de subempleo y de informalidad son un indicativo de la dirección que está tomando nuestro país a consecuencia del inmovilismo laboral. Pero no todo depende de la ley, urge también una política de mercados laborales que detenga el deterioro del empleo. La generación y el mejoramiento de los empleos no es súbita, se requiere una política integral, que focalice las acciones del gobierno, de las empresas y de los trabajadores en programas que mitiguen los efectos negativos de la crisis y que potencien el empleo en tiempos de crecimiento.

       El papel del Estado es facilitar el consenso entre actores con base en nuevas reglas que dinamicen a los mercados laborales. Precisamente, la falta de un consenso entre empresarios, trabajadores y el Estado en materia laboral, ha promovido un juego aislado, donde los actores no encuentran el equilibrio que transforme las relaciones laborales en mayor productividad y por ende, cada uno vela por un legítimo pero inarmónico interés individual en vez de pugnar por la suma de esfuerzos. México debe incrementar su productividad laboral para competir exitosamente en el ámbito internacional.