Año con año, el congreso de la unión planea, estructura y vota la Ley de ingresos y el Presupuesto de egresos que serán ejercidos a partir del 1º de enero del siguiente año.

El presupuesto inercial, básicamente consiste en que al presupuesto asignado a cada dependencia pública del año que se acaba, el del siguiente, será igual, más un cierto porcentaje extra, bajo la lógica de que fue ejercido en su totalidad y sin embargo resultó insuficiente para cumplir las metas fijadas por cada entidad.

Esto, a todas luces significa aumento de impuestos con el fin de agrandar la asignación de recursos. Otro camino puede ser, sin que necesariamente signifique incremento en tasas impositivas, la asignación del presupuesto como fue asignado, corriendo siempre el riesgo de tener que recortarlo a mitad del camino, con el propósito de garantizar el rendimiento del mismo.

Sin embargo, existe una tercera forma de resolver estas interrogantes. El presupuesto base cero, que significa, no sobrepresupuestar, ni asignar recursos a cualquier institución gubernamental, sin antes justificar plenamente las erogaciones y gastos que operativos. Así, cada jefe de departamento, subdirector, director, etc. tendrá, primeramente qué realizar los análisis necesarios en torno a su área, principalmente resultados y eficiencias con el fin de determinar con cuáles de los recursos que ahora cuenta, podrá utilizarlos el próximo ciclo y qué montos necesita para su ejercicio del próximo año.

De ahí la importancia de la activa participación de cabildeo del Presidente Calderón en la concreción de tan ambiciosa iniciativa puesto que de ésta depende que nuestro país siga subejerciendo sobrepresupuestos o justamente se gaste lo que debe gastar, fijándonos metas realizables utilizando los recursos justos necesarios.

En términos reales el presupuesto gubernamental en México requiere el saneamiento de sus finanzas y una política tributaria competitiva con una base universal; nuestro país es el segundo con menor recaudación fiscal en América Latina, solo después de Guatemala, lo cual es indicativo de un pésimo esquema tributario.

Entre 1999 y 2009 la renta petrolera a financiado el 40 por ciento del gasto público del cual la mayor parte se destina al gasto corriente que en los últimos años a crecido de manera considerable.